La justicia es sólo para los pobres!

Copio y pego aquí una noticia de vegamediapress.com y un reportaje en El País que demuestra este postulado. De todos es sabido que la justicia es como una tela de araña. Atrapa a los insectos pequeños pero los grandes...

Crímenes económicos contra la humanidad

LOURDES BENERÍA / CARMEN SARASÚA 29/03/2011

Según la Corte Penal Internacional, crimen contra la humanidad es "cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil". Desde la II Guerra Mundial nos hemos familiarizado con este concepto y con la idea de que, no importa cuál haya sido su magnitud, es posible y obligado investigar estos crímenes y hacer pagar a los culpables.

Situaciones como las que ha generado la crisis económica han hecho que se empiece a hablar de crímenes económicos contra la humanidad. El concepto no es nuevo. Ya en los años 1950 el economista neoclásico y premio Nobel Gary Becker introdujo su "teoría del crimen" a nivel microeconómico. La probabilidad de que un individuo cometa un crimen depende, para Becker, del riesgo que asume, del posible botín y del posible castigo. A nivel macroeconómico, el concepto se usó en los debates sobre las políticas de ajuste estructural promovidas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial durante los ochenta y noventa, que acarrearon gravísimos costes sociales a la población de África, América Latina, Asia (durante la crisis asiática de 1997-98) y la Europa del Este. Muchos analistas señalaron a estos organismos, a las políticas que patrocinaron y a los economistas que las diseñaron como responsables, especialmente el FMI, que quedó muy desprestigiado tras la crisis asiática.
En la actualidad son los países occidentales los que sufren los costes sociales de la crisis financiera y de empleo, y de los planes de austeridad que supuestamente luchan contra ella. La pérdida de derechos fundamentales como el trabajo y la vivienda y el sufrimiento de millones de familias que ven en peligro su supervivencia son ejemplos de los costes aterradores de esta crisis. Los hogares que viven en la pobreza están creciendo de forma imparable. Pero ¿quiénes son los responsables? Los mercados, leemos y oímos cada día.
En un artículo publicado en Businessweek el 20 de marzo de 2009 con el título "Wall Street's economic crimes against humanity", Shoshana Zuboff, antigua profesora de la Harvard Business School, sostenía que el que los responsables de la crisis nieguen las consecuencias de sus acciones demuestra "la banalidad del mal" y el "narcisismo institucionalizado" en nuestras sociedades. Es una muestra de la falta de responsabilidad y de la "distancia emocional" con que han acumulado sumas millonarias quienes ahora niegan cualquier relación con el daño provocado. Culpar solo al sistema no es aceptable, argumentaba Zuboff, como no lo habría sido culpar de los crímenes nazis solo a las ideas, y no a quienes los cometieron.
Culpar a los mercados es efectivamente quedarse en la superficie del problema. Hay responsables, y son personas e instituciones concretas: son quienes defendieron la liberalización sin control de los mercados financieros; los ejecutivos y empresas que se beneficiaron de los excesos del mercado durante el boom financiero; quienes permitieron sus prácticas y quienes les permiten ahora salir indemnes y robustecidos, con más dinero público, a cambio de nada. Empresas como Lehman Brothers o Goldman Sachs, bancos que permitieron la proliferación de créditos basura, auditoras que supuestamente garantizaban las cuentas de las empresas, y gente como Alan Greenspan, jefe de la Reserva Federal norteamericana durante los Gobiernos de Bush y Clinton, opositor a ultranza a la regulación de los mercados financieros.
La Comisión del Congreso norteamericano sobre los orígenes de la crisis ha sido esclarecedora en este sentido. Creada por el presidente Obama en 2009 para investigar las acciones ilegales o criminales de la industria financiera, ha entrevistado a más de 700 expertos. Su informe, hecho público el pasado enero, concluye que la crisis se hubiera podido evitar. Señala fallos en los sistemas de regulación y supervisión financiera del Gobierno y de las empresas, en las prácticas contables y auditoras y en la transparencia en los negocios. La Comisión investigó el papel directo de algunos gigantes de Wall Street en el desastre financiero, por ejemplo en el mercado de subprimes, y el de las agencias encargadas del ranking de bonos. Es importante entender los distintos grados de responsabilidad de cada actor de este drama, pero no es admisible la sensación de impunidad sin "responsables".
En cuanto a las víctimas de los crímenes económicos, en España un 20% de desempleo desde hace más de dos años significa un enorme coste económico y humano. Miles de familias sufren las consecuencias de haber creído que pagarían hipotecas con sueldos mileuristas: 90.000 ejecuciones hipotecarias en 2009 y 180.000 en 2010. En EE UU, la tasa de paro es la mitad de la española, pero supone unos 26 millones de parados, lo cual implica un tremendo aumento de la pobreza en uno de los países más ricos del mundo. Según la Comisión sobre la Crisis Financiera, más de cuatro millones de familias han perdido sus casas, y cuatro millones y medio están en procesos de desahucio. Once billones de dólares de "riqueza familiar" han "desaparecido" al desvalorizarse sus patrimonios, incluyendo casas, pensiones y ahorros. Otra consecuencia de la crisis es su efecto sobre los precios de alimentos y otras materias primas básicas, sectores hacia los que los especuladores están desviando sus capitales. El resultado es la inflación de sus precios y el aumento aún mayor de la pobreza.
En algunos casos notorios de fraude como el de Madoff, el autor está en la cárcel y el proceso judicial contra él continúa porque sus víctimas tienen poder económico. Pero en general, quienes han provocado la crisis no solo han recogido unas ganancias fabulosas, sino que no temen castigo alguno. Nadie investiga sus responsabilidades ni sus decisiones. Los Gobiernos los protegen y el aparato judicial no los persigue.
Si tuviéramos nociones claras de qué es un crimen económico y si existieran mecanismos para investigarlos y perseguirlos se hubieran podido evitar muchos de los actuales problemas. No es una utopía. Islandia ofrece un ejemplo muy interesante. En vez de rescatar a los banqueros que arruinaron al país en 2008, la fiscalía abrió una investigación penal contra los responsables. En 2009 el Gobierno entero tuvo que dimitir y el pago de la deuda de la banca quedó bloqueado. Islandia no ha socializado las pérdidas como están haciendo muchos países, incluida España, sino que ha aceptado que los responsables fueran castigados y que sus bancos se hundieran.
De la misma forma que se crearon instituciones y procedimientos para perseguir los crímenes políticos contra la humanidad, es hora de hacer lo mismo con los económicos. Este es un buen momento, dada su existencia difícil de refutar. Es urgente que la noción de "crimen económico" se incorpore al discurso ciudadano y se entienda su importancia para construir la democracia económica y política. Como mínimo nos hará ver la necesidad de regular los mercados para que, como dice Polanyi, estén al servicio de la sociedad, y no viceversa.

Lourdes Benería es profesora de Economía en la Universidad de Cornell. Carmen Sarasúa es profesora de Historia Económica en la Universidad Autónoma de Barcelona.

TOVAR ENVÍA 30 ANTIDISTURBIOS PARA QUE BANCAJA DESAHUCIE EN MOLINA A UNA FAMILIA CON TRES HIJOS
29/03/2011 El Foro Social de Murcia pide la dimisión inmediata del Delegado del Gobierno

La policía blinda Bancaja pero los manifestantes ocupan la CAM, Cajamadrid y Banco Santander por sorpresa

“TIENE 25 MINUTOS PARA ABANDONAR LA CASA”


(Antidisturbios protegen la calle Goya de Molina. J. Pons)


(La policía impide el acceso a Bancaja a José Coy. J.P.)


(La sucursal de Molina de Bancaja, un fortín, esta mañana)
Jesús Pons.
Al menos treinta agentes antidisturbios del Cuerpo Nacional de Policía han colaborado esta mañana en el desahucio de una familia con tres hijos, residentes en la calle Goya de Molina de Segura. Los agentes, bien armados y con cascos, algunos con el rostro tapado, cortaron la calle a las siete y media de la mañana, ante el estupor de los vecinos, que llegaron a pensar que estaban buscando algún terrorista por las viviendas de la zona, ante tan inusual despliegue policial.

Sobre las diez de la mañana, se procedió al desahucio. Ibrahim, que estaba solo en la casa, tuvo que abandonarla con lo puesto. Las autoridades judiciales y policiales abandonaron a esa hora la zona ante el abucheo de medio centenar de personas, y de integrantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Al desahuciado no se le permitió la presencia de su abogado de oficio, hecho por el que se ha presentado una denuncia ante el Juzgado de Guardia.


(José Luis Burgos, de la Plataforma, esta mañana en Molina)


(Paco Morote, del Foro Social, con Ibrahim, desahuciado)

Poco después, decenas de personas se dirigieron hacia la sucursal de Bancaja, promotora del desahucio, en la avenida de Madrid de Molina de Segura. Ante la entidad, durante al menos media hora los manifestantes profirieron gritos contra Bancaja, la banca y el Delegado del Gobierno, al que acusaron de “cómplice del robo de los bancos y cajas a la ciudadanía”.

Aunque la caja estaba también blindada por una treintena  de antidisturbios, los manifestantes cruzaron la calle y ocuparon la CAM, ante el estupor y el desconcierto de la policía. Posteriormente, se dirigieron al paseo Rosales. La policía se encontraba protegiendo el Banco de Valencia, que creían era el objetivo de la plataforma, pero los integrantes del colectivo ocuparon, otra vez por sorpresa, Caja Madrid.

Finalmente, también se ocupó durante 20 minutos la sucursal del Banco Santander, en la misma calle. Fue el momento en que uno de los mandos de la policía nacional mostró su malestar al portavoz de la Plataforma, José Coy, pidiendo que cesaran en su actividad reivindicativa.

Entre las personas que apoyaron las protestas de esta mañana se encontraba el candidato de IU, Antonio López Vidal, el sacerdote Joaquín Sánchez, Francisco Morote, del Foro Social, y José Luis Burgos, uno de los líderes nacionales del movimiento de afectados por las hipotecas.

En declaraciones a VMPress, Ibrahim, el desahuciado de esta  mañana, una más de las ocho mil familias murcianas que se quedarán en la calle en 2011, denunciaba que “me quedo sin nada y además debiendo 40.000 euros  a Bancaja. Tendré que dormir en el coche, si no encuentro nada”.


(Los manifestantes ocupan el Banco de Santander...)


(La policía llega tarde a la CAM, ocupada por sorpresa...)


(Ocupación de la CAM, una de las entidades más contestadas)

Este cliente de Bancaja denunció prácticas ilegales de los empleados: “Para darme la hipoteca pusieron en la cartilla que tenía 10.000 euros. Le han puesto a mucha gente sueldos que no tiene y  han falsificado para vender dinero”. También se quejó que no le habían permitido entrar a su abogado, y que la Comisión Judicial se lo impidió. “Tienes 25 minutos para sacar lo que puedas”, es lo único que le dijeron. El abogado confirmó este extremo y anunció un recurso de nulidad.

Ibrahim trabajaba en la construcción pero se quedó en paro en 2008.

Por su parte, Francisco Morote, representante del Foro Social Ciudadano, dijo que “esta mañana se han vulnerado varios derechos fundamentales por parte del Delegado del Gobierno. El primero es que la policía ha impedido el libre derecho de circulación de las personas. La policía ha bloqueado la calle y no dejaba la entrada y salida de ciudadanos. Además ha impedido que un abogado asistiera a Ibrahim en un acto judicial. Y estas dos acciones las han llevado a cabo funcionarios judiciales, por una parte, que tienen la obligación de respetar la justicia, y la policía que además se ha negado a identificarse ante nosotros”.

Añadió que “es absolutamente inaceptable que quien tiene la obligación de defender esos derechos los está conculcando.  Por lo que pedimos la dimisión del Delegado del Gobierno en la Región de Murcia”.

Asimismo señaló que “seguiremos con nuestra respuesta pacífica. Aunque la Delegación del Gobierno intente acallar el movimiento. La opinión está contra los bancos, porque son los culpables de la crisis. Y además no se le exige su responsabilidad sino que se le pone dinero público en cientos de millones para que paguen a sus accionistas. Por ello, Tovar defiende a esos bancos, pero tenga claro que este movimiento no hay quien lo pare. Tendrán que violar las leyes, como han hecho hoy”, advirtió.